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07 marzo 2011

LA HERENCIA DE URIBE



Paso a paso se va aclarando toda la podredumbre que se produjo en el gobierno de Uribe y que  hoy, gracias a los cables de wikeleaks, es posible conocer más intimidades. Entre las perlas más protuberantes que nos heredó el anterior presidente se destacan los mal llamados falsos positivos, que no son otra cosa que asesinatos selectivos, para mostrar resultados que justificaran la ayuda militar de los gringos. Este vergonzoso episodio de nuestra fallida historia trascendió más allá de las fronteras nacionales, empeorando la desprestigiada imagen que de Colombia se tiene en el exterior. Otro escándalo estalló con las chuzadas, o interceptaciones ilegales de las conversaciones de quienes Uribe consideraba opuestos a su gobierno, entre ellos magistrados, políticos y personajes de la vida nacional. Este espionaje sistemático, violatorio del derecho humano a la intimidad, es otro lunar que empaña al poder ejecutivo bajo el anterior gobierno. Y ni que decir de la llamada parapolítica, en la cual se vio involucrada gran parte del Congreso. Se le suma a lo anterior la feria de recursos del programa agro ingreso seguro, supuestamente para favorecer a los campesinos pobres, gran parte de los cuales se otorgaron a grandes empresas agrícolas, patrocinadoras de la campaña presidencial de uribito. Recientemente se descubrió el robo de 150 mil hectáreas, a través de la alianza mafiosa de terratenientes, notarios y funcionarios corruptos de las oficinas de registro. El último escándalo se acaba de descubrir y es nada menos que el fraude cometido por el gobierno, al presentar a la opinión pública una supuesta desmovilización de todo un frente de las Farc en el 2006, cuando en realidad se trató de un vulgar montaje.

Pero eso no es todo, bajo el anterior gobierno se intensificó la entrega de importantes sectores de la economía nacional a la voracidad del capital extranjero, especialmente los recursos mineros, reprimarizando la inserción del país en la economía internacional. La apertura indiscriminada al capital extranjero, más los dólares que ingresan por el narcotráfico, entre otros, ha provocado la revaluación del peso, afectando negativamente a los sectores exportadores del país. Si bien es cierto que se ha logrado una cierta estabilidad macroeconómica, gracias al control de la inflación, eso ha traído como consecuencia mayor desempleo e informalidad (más del 60% de los ocupados), mayor pobreza y desigualdades sociales. El programa bandera de Uribe, lo que lo llevó al poder en dos ocasiones, fue la eliminación de los grupos armados al margen de la ley; sin embargo, aparte de unos cuantos golpes exitosos, gracias a la asesoría gringa, la insurgencia sigue viva y los grupos paramilitares se reproducen bajo otras denominaciones.

A lo anterior hay que agregar la escalada de la corrupción en todos los niveles de la administración pública.

Con el anterior balance aún no se entiende cómo es que hay sectores de la sociedad que todavía creen en Uribe.

06 marzo 2011

VENEZUELA EN LA OLLA


Fantasma de la quiebra asusta a Venezuela

Dom, 03/06/2011 - 07:29
Analistas temen que no pueda pagar todas sus deudas en 2012 debido a la sobreexplotación de PDVSA. Las crisis políticas desatadas en el Magreb, especialmente la que atraviesa Libia, arrancan una tímida sonrisa (o más bien un suspiro de alivio) a Venezuela, el vecino que observa cómo la debacle del régimen de Gadafi oxigena un poco sus abolladas cuentas económicas gracias al aumento de la "cesta petrolera" que hoy tiene al barril de crudo por encima de los 110 dólares.
Son muchos los indicadores que muestran un recalentamiento del clásico funcionamiento económico venezolano -de crecientes gastos y deudas que se financian casi exclusivamente de la renta petrolera- hasta el punto que temen que Venezuela pueda incluso cesar el pago de sus deudas el año que viene.
Un informe de la firma Capital Economics, citado por la prestigiosa revista The Economist, expone su análisis sin rodeos: "Hay un riesgo creciente de que el gobierno (venezolano) cesaría sus pagos en el año 2012". Específicamente señala la mencionada firma que el precio del seguro de los bonos venezolanos (credit default swap) muestra un 50% de probabilidades de que Venezuela pueda caer en bancarrota para el año 2015.
Las dudas comienzan con la producción petrolera, cuyo declive fue reconocido por el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano al confirmar que durante 2010 produjo un promedio de 2,78 millones de barriles diarios y no los 3 millones diarios que era la cifra oficial hasta el 2009.
Poco menos de la mitad de esa producción diaria se destina al consumo interno bajo un feroz subsidio que le hace perder al Estado venezolano 1500 millones de dólares al año para poder tener la gasolina más barata del mundo: 0.0194 centavos de peso por litro de combustible en suelo venezolano.
Aunque el gobierno asegura que la caída tuvo que ver con el retiro de petróleo del mercado para ajustarse a las cuotas establecidas por la OPEP, analistas como Heliodoro Quintero señalan a la prensa local que la industria petrolera venezolana sufrió intensos contratiempos por decenas de problemas laborales (muchos generados por las expropiaciones que ordenó contra decenas de compañías asociadas a la industria) el retroceso de 12,2% en la inversión para mejorar la producción (cifra también publicada por el ministerio) de al menos 70 pozos, en su mayoría viejos y de difícil mantenimiento.
Sobre los hombros del petróleo se ha puesto también el peso de un gasto social enorme, que en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012 amenaza con aumentar más. Para financiar el "socialismo del siglo XXI" el gobierno venezolano ha adquirido compromisos que conforman, según cifras del Fondo Monetario Internacional, una deuda total (interna más externa) de 36,35% del Producto Interno Bruto.
Ese monto contrasta con la cifra oficial, pues el Ministerio de Planificación exhibió la semana pasada ante el parlamento venezolano como deuda total un monto que compromete solo el 18,6% del PIB nacional.
El gasto se evidencia en inversión directa en programas sociales, pero también en la venta de bonos que le otorgan al Estado dinero fresco inmediato con el compromiso de retornarlo, con creces, en el corto y mediano plazo.
El financiamiento de ese modelo político ha significado una reconcentración de competencias en manos del gobierno al iniciar una agresiva campaña de expropiaciones que ahora le reporta el manejo de cementeras, empresas eléctricas, de telefonía, bancos y casi 50% de la cadena de distribución de alimentos a cambio de dolorosas cargas: pagos que desembolsa muy lentamente, compromisos laborales que engrosan la deuda pública mes tras mes y el temor de los emprendedores que poco quieren saber de montar negocios en Venezuela.
De hecho, la inversión extranjera se ha contraído 15% entre 2008 y 2010, según un informe del Banco Central de Venezuela.
A la economía venezolana la desgarran también otras controversias como la existencia de un mercado cambiario controlado por el gobierno que paradójicamente le obliga a otorgar dólares a mitad de precio (el precio del mercado "negro" duplica el precio del dólar "oficial") a cientos de importadores con los que cubre la demanda de todo tipo de productos, pues Venezuela importa casi 70% de todo lo que consume. Por eso se nota cada vez más que lo piensa dos veces antes de desenfundar cada dólar, como muestran los anaqueles casi vacíos de ciertos productos de higiene personal (como toallas sanitarias, pañales, champú) y la reducción de la oferta de marcas en productos alimenticios.
A pesar de todo eso, no debe olvidarse que el gobierno venezolano tiene varios ases bajo la manga. Al visible cansancio de un modelo económico que hace al país exhibir un aumento inflacionario de casi 2% mensual se le contraponen varios salvavidas que podrían, al menos en el corto plazo, evitar un total ahogamiento en las deudas.
Además de la existencia de algunos fondos a los que se destinan algunos recursos (como el Fondo de Desarrollo Nacional, cuyas cuentas se engrosan también del "maná" petrolero), el gobierno venezolano se ha hecho de una línea de crédito con China que le reportará 20.000 millones de dólares a cambio de petróleo. Venezuela también cuenta con 29.000 millones de dólares en reservas de dinero y oro.
Valentina Lares Martiz
Corresponsal de EL TIEMPO / Caracas


04 marzo 2011

LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DEL LENGUAJE

La manipulación política del lenguaje
José María Zufiaur

Tomado de la revista La factoría, Enero - Febrero del 2011 · nº 53
www.revistalafactoria.eu


Uno de los mayores logros del neoliberalismo, con el que ha cimentado en gran medida su hegemonía ideológica, es la manipulación del lenguaje. Entre las principales tareas a las que dedican sus esfuerzos los numerosos "think tanks" que trabajan al servicio del nuevo capitalismo se encuentra la de generar la mixtificación de sus mensajes ideológicos mediante una utilización fraudulenta del lenguaje. Los partidos de gobierno usan la misma técnica que tales centros de alimentación ideológica neoliberal: es más, no pocos de los responsables de las áreas económicas de los gobiernos proceden de tales núcleos de pensamiento.
Por ejemplo, la palabra reforma ya no quiere decir mejora sino retroceso. La solidaridad no consiste en redistribuir desde los ricos hacia los pobres, sino en favorecer a los ricos a costa de los pobres o, en todo caso, en una solidaridad entre pobres. La igualdad es cada vez menos una igualdad entre clases para devenir casi en exclusiva en una igualdad entre sexos. La empleabilidad no quiere decir que el Estado y la sociedad vaya a favorecer con políticas estructurales, más allá de las subvenciones que hacen modificar el lugar que los parados ocupan en la fila del desempleo, el empleo de los sin empleo sino que cada desempleado y cada trabajador (potencial desempleado) se convierta en “empresario de sí mismo”. Garantizar las pensiones no quiere decir que en el futuro los pensionistas tengan una tasa de sustitución, respecto al último salario, igual o mejor que la actual, sino que las pensiones públicas no hayan desaparecido, aunque el porcentaje de las mismas que se sitúen por debajo del umbral de pobreza supere, dentro de 40 años, el 50 o el 60% de los pensionistas.; algunas previsiones ya calculan que en 2030 el porcentaje de pensionistas pobres en la UE será del 40%. Hace un par de años era del 20% y, en España, del 28%. También significa que crezcan, al mismo tiempo, las pensiones privadas subvencionadas con fiscalidad pública.
Tampoco una “salida social” de la crisis consiste en que quienes salgan mejor parados de la misma sean los trabajadores y las clases medias, sino los grandes patrimonios. “Privilegio” se considera ahora un derecho laboral de los trabajadores “normales” pero no la utilización que los grandes directivos realizan del derecho laboral o mercantil para gozar de bonos, jubilaciones o contratos blindados de escándalo, lo que se entiende como una “justa remuneración”. Así mismo, se admite como lógico, en lugar de sarcástico o ignominioso, proponer a los parados, a los precarios, a los que tienen un contrato a tiempo parcial porque no pueden tener uno a tiempo completo, a los jóvenes que siguen siendo becarios a los treinta y tantos años, “trabajar más para ganar más”.
En fin y entrando en el tema que quiero abordar, se llama segmentación (del mercado de trabajo) a la precariedad. En lugar de llamarla, en una versión actualizada, ejército de reserva del capitalismo.
Una segmentación que, faltaría más, es producida por los obstáculos que los trabajadores que ya están dentro del sistema de trabajo (insiders) ponen a la entrada de los que están fuera (outsiders). De acuerdo con el pensamiento económico dominante, los primeros, con sus privilegios, protecciones y derechos adquiridos impiden entrar en el mercado de trabajo a los segundos.

Los trabajadores son egoístas
La primera manipulación del planteamiento es la afirmación de que tal segmentación laboral la ha creado el supuesto egoísmo de los trabajadores y no los intereses del capital. Lo cierto es que quienes han creado la segmentación y dualidad -la precariedad, en realidad- del mercado de trabajo, en España y en otros muchos países, han sido los Gobiernos con sus políticas. Unas políticas que han alimentado un segundo mercado de trabajo con el objetivo último de hacerlo mucho más barato (en salarios, en prestaciones sociales, en costes de despido) mediante normas y subvenciones de las que se han aprovechado masivamente las empresas. Hay que decir que con muy pocos resultados sobre la durabilidad a largo plazo del empleo, y con nefastas consecuencias sobre la estructura y la productividad de nuestro sistema económico, sin que ninguna de las sucesivas reformas que se han realizado, supuestamente para acabar con dicha dualidad, haya variado la situación salvo para empeorarla.
Estrechamente vinculada a la anterior, la segunda manipulación de esta presentación del problema es que, precisamente porque la segmentación responde a los intereses del capital y no a los “privilegios” de los trabajadores con empleo, gran parte de los denominados “outsiders” no están, en realidad, fuera, sino dentro del mercado de trabajo. Forman parte, una parte muy deliberadamente buscada, del mismo. Aunque constituya la parte más débil del mercado laboral, es su principal variable de ajuste.

Igualdad por abajo
Veinticinco años después de venir practicando tal política, se utiliza ahora el argumento de la segmentación, de la dualidad laboral para extender la inestabilidad, y el correspondiente abaratamiento del coste del trabajo, al conjunto de los trabajadores. Una igualdad por abajo con el evidente objetivo de que todos pasen a ser inestables: a todos se les podrá despedir con la misma facilidad y con el mismo coste (esa es, al menos, la pretensión) de los que “disfrutan” los temporales. Lo que, por otra parte, no hará sino aumentar el ya enorme volumen de trabajadores con bajos salarios. Todo gracias a los sobrevenidos defensores de los trabajadores dualizados y segmentados. Estos esclarecidos defensores de los trabajadores precarios ya reconocen que la reforma realizada no es para crear empleo, sino para igualar a unos y otros haciéndoles a todos indefinidos precarios. Cuestión que, para cuadrar el objetivo, requiere de una reforma de la negociación colectiva que, a lo breve, la haga menos colectiva.

De Washington a Pekín
También en esto, como en tantas otras cosas, la “salida social” de la crisis tiene una cierta similitud con la mutación que se está produciendo desde el “Consenso de Washington” (neoliberalismo con reconocimiento, al menos teórico, de los derechos laborales) hacia el “Consenso de Pekín” (neoliberalismo con puesta en cuestión o, simplemente, negación de derechos laborales y sindicales fundamentales). Las políticas de algunos Estados de la Unión, en Estados Unidos, contra la negociación colectiva y las propuestas de gobierno económico y social y del pacto de competitividad europeos, pretendiendo interferir en los salarios y la autonomía colectiva, es una muestra de ello.
La publicación en los últimos días de un estudio por parte del instituto francés de estadísticas (Insee) ha desvelado algunas características poco publicitadas del mercado de trabajo en Francia. Y ha puesto en evidencia que la segmentación del mercado laboral encierra algo más que la diferente estabilidad en el empleo entre trabajadores temporales y fijos. El dato (correspondiente a 2008) de que 6.250.000 trabajadores franceses ganan menos de 750 euros netos al mes, es decir 25 euros al día, o menos, ha ocupado las portadas de periódicos y revistas del país vecino. De pronto, líderes políticos y editorialistas han “descubierto” que un cuarto de los trabajadores franceses es precario. Que más de 6 millones de personas que trabajan no llegan ni de lejos al salario mínimo (1.365 euros brutos).
Este conjunto de trabajadores está compuesto de estudiantes que trabajan, personal de acogida, empleados de empresas de trabajo temporal puestos a disposición en el sector industrial, contratados a tiempo parcial, personas que alternan empleo con situaciones de paro o quienes trabajan en actividades, públicas o privadas, con contratos subvencionados. Tal universo de subempleo lo integran, fundamentalmente, mujeres (58%) y jóvenes (37%). Dos tercios de estos trabajadores ocupan un trabajo a tiempo parcial y el tercio restante trabajan a tiempo completo, pero durante un corto período de tiempo. Gran parte de este tipo de trabajadores se concentran en el sector de servicios (cajeras de supermercados, asistencia a domicilio para personas dependientes, portadores de pizzas), pero un 15% de los mismos trabajan para el sector público.
En fin, esta primicia del servicio estadístico francés ha permitido poner de relieve -allí y, en lo que nos puede afectar, también aquí- varias cuestiones importantes. La primera y fundamental es que tras el eufemismo de la segmentación se quiere ocultar una gran precariedad del mercado de trabajo. Precariedad que va más allá de los contratos temporales a tiempo completo y que se extiende a otras situaciones de subempleo, de las que se habla muy poco. Aún menos se hace referencia al tema fundamental de nuestro mercado de trabajo: su gran porcentaje de bajos salarios. Más de un 68% de nuestros asalariados, según estudios del profesor Carlos Prieto, ganaban al mes, hace un par de años, menos de 1.100 euros brutos. En este tema lo fundamental es saber cómo afecta el modelo laboral que tenemos y cómo va a afectar la reforma que se ha puesto en marcha, y la que queda por concretar sobre la negociación colectiva, en el nivel de ingresos de los trabajadores y en su protección social presente y futura. Pues, tras todos los maquillajes verbales, ésta es la cuestión central que está en juego.

El nuevo ejército de reserva del capitalismo
El caso francés ha puesto, además, en evidencia que las estadísticas oficiales sólo resaltan los salarios medios de los trabajadores a tiempo completo. Es la primera vez en Francia que se ha realizado un estudio público de los ingresos de este universo de subempleados y no sería nada ocioso que se hiciera algo similar en España. Esa invisibilidad de los trabajadores precarios no sólo es producto de la estadística. Es también consecuencia de la falta de difusión de casos reales, del anonimato de quienes viven en la precariedad. Y de la incapacidad sindical, con sus estructuras tradicionales, de representar a este tipo de trabajadores temporales, precarios, con empleos parciales y horarios u organización del trabajo totalmente desestructurados.
En fin, según uno de los especialistas franceses en organización del trabajo y en economía del empleo, Philippe Askenazy -que acaba de publicar un libro titulado “Les décennies aveugles. Emploi et croissance 1970-2010” (Paris: Le Seuil, 2011)- esta situación francesa es el resultado de tres décadas de políticas de empleo, que él denomina contra-productivas y que “han ayudado, juntamente con los 3 millones de desempleados, a crear un nuevo ejército de reserva del capitalismo, un papel jugado en los años 1960 por la inmigración”.
Entre las políticas de empleo ensayadas en Francia, Askenazy hace referencia a la puesta en marcha por Raymond Barre: los contratos de duración determinada subvencionados (algo similar a nuestro Contrato de Fomento del Empleo, de 1984). Y a la que Martine Aubry, quien, además de implantar la jornada semanal de 35 horas, puso en marcha: el “modelo polders” holandés. Es decir, la subvención de los contratos a tiempo parcial (algo similar a lo que se ha puesto ahora en circulación en nuestro país). La conclusión de este profesor francés es que tal tipo de iniciativas han creado, en unos casos, un “efecto ganga” (las empresas se benefician de subvenciones por contrataciones que, de todas formas, iban a realizar); y que en otros, como la subvención del tiempo parcial, pudieron crear más puestos de trabajo (aunque estadísticamente es difícil determinar si el incremento fue debido a las subvenciones a los contratos a tiempo parcial o a la ley de reducción de jornada), pero no el volumen global de horas trabajadas. Lo que, entre otras cosas, se ha traducido en un beneficio para los grandes supermercados, cuya política consiste en cubrir los horas punta de los hipermercados (25 horas por semana) con contratos a tiempo parcial de 26 horas semanales.
Askenazy concluye que el coste de ese tipo de políticas (veinte mil millones de euros) hubiera tenido un mejor destino creando empleos directos en servicios públicos deficitarios en efectivos, como la enseñanza o la sanidad. Y termina afirmando que la primera medida para cambiar de rumbo al mercado laboral precario tendría que consistir en que la propia Administración Pública dé ejemplo no realizando contrataciones de esa naturaleza.
En suma, la segmentación, la precariedad, no es un “mal español”, aunque el nuestro sea uno de los casos más extremos, sino que afecta, de distintas formas, a la mayor parte de los países europeos. Es un mal del nuevo capitalismo. Cabe sacar igualmente la conclusión de que los “decenios ciegos” en políticas de empleo no parece que, desgraciadamente, estén a punto de acabar. En lugar de preguntarnos en qué sectores o productos puede ser nuestro país más competitivo y con qué tipo de desarrollo económico se puede crear empleo sostenible, seguimos insistiendo en que las soluciones nos van a venir de una mayor desregulación de las normas laborales y de la negociación colectiva.
Están por ver los resultados de la nueva reforma laboral, pero durante esta crisis ha quedado bastante claro que los países que han tenido peores resultados, en términos de empleo, han sido aquellos que tienen un mercado de trabajo más desreglamentado o donde, como en España, además la norma va, para más inri, por un lado y la práctica por otro: Estados Unidos, Irlanda y España.


José María Zufiaur.Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.
Este artículo también lo publica Sistemadigital, de la revista Temas.

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